ARTICULOS DE ISABELO

DE MEMORIA
Sara Carbonero, el tal Urbaneja y la Asociación de la Prensa de Madrid
Isabelo Herreros
27/07/2010 . (El Digital Castilla-La Mancha)
En buena parte, gracias al histórico éxito de "La Roja" ha quedado, no en segundo plano, sino en el olvido, el episodio vivido por nuestra paisana Sara Carbonero, con motivo del vapuleo a que fue sometida esta brillante periodista deportiva, tras las lamentables y casposas acusaciones de que fue objeto por el impresentable presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, un tal Fernando González Urbaneja. Resulta que, con unos conocimientos parecidos a los de un servidor, acerca del fútbol y las normas que regulan todo lo concerniente a los campeonatos y a la retransmisión de los partidos por las cadenas de televisión, el mencionado columnista se lanzó a degüello contra la periodista y la responsabilizó de las posibles negligencias de su pareja sentimental, el gran guardameta Iker Casillas, por situarse en las proximidades de la portería durante los partidos. La imbecilidad tuvo eco en la prensa de medio mundo; después se supo que la colocación de los periodistas en las proximidades del terreno de juego la hace la FIFA y no TELE 5. También quedó de manifiesto, a lo largo de todo el campeonato, la profesionalidad de Sara Carbonero y el distanciamiento con que entrevistaba, cuando debía hacerlo, al célebre portero de la selección nacional.A partir de ahí se produjeron todo tipo de comentarios en nuestras tertulias televisivas y en todo tipo de medios de comunicación. Ante la evidencia del despropósito, muchos decidieron poner sordina, con aquello de "pelillos a la mar", si bien hubo voces contundentes, como la de Ana Rosa Quintana, que criticaron abiertamente al energúmeno, al que acusaron de machista y de no defender los intereses de los periodistas. Tanto en el caso de Ana Rosa Quintana, como en el de varios periodistas deportivos que se mojaron, se instó al Sr. González Urbaneja a pedir disculpas, cosa que no sólo no ha hecho al día de hoy sino todo lo contrario. Es decir, no se ha limitado el sujeto a proclamar su derecho a la libertad de expresión, cuestión legítima, sino que ha ido más allá, cuando ha quedado en evidencia que faltaba a la verdad y que tenía propósito de zaherir la dignidad profesional de una periodista. No contento con la polvareda levantada buscó apoyo y adhesión en la Junta Directiva que preside, y, al parecer por aclamación, aunque no nos atrevemos a decir que le gritasen "torero", sacó adelante un comunicado en su defensa, en el que podemos leer lo siguiente:

La Junta ha comprobado con alarma que se ha puesto en marcha una campaña de linchamiento moral contra su presidente, Fernando González Urbaneja, cuya trayectoria profesional se cuestiona y en la que se mezclan ataques personales con acusaciones extemporáneas, como la de "machista".La Junta entiende que la campaña trata de socavar el reconocido prestigio de González Urbaneja y su actividad periodística y humana y, de paso, hacer creer que la APM no defiende los intereses de los profesionales.Ante estos ataques, la Junta defiende la libertad de opinión de González Urbaneja, respalda su brillante trayectoria profesional, desarrollada en medios impresos y audiovisuales y en la docencia, y rechaza por intolerable, improcedente y totalmente fuera de lugar la acusación de machista.

Como los lectores no tienen por que conocer quienes integran la Junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, les diré que en la misma ocupan cargos de responsabilidad algunas conocidas periodistas, como María Jesús Chao, que es nada menos que la Secretaria General de la Asociación. También nos encontramos con otras no menos celebres como Teresa Pérez Alfageme, Carmen del Riego o Magis Iglesias. Suponemos que las citadas comparten la actuación de su presidente, pues de lo contrario se supone que habrían hecho pública su discrepancia. No debe a nadie extrañar que la Asociación de la Prensa de Madrid, hoy chiringuito de mediación y prebendas del Sr. González Urbaneja y sus amigos y amigas, se conduzca de esta manera. Hace muchos años que dejó de ser una entidad para la defensa de los periodistas y la protección social de estos y sus familias, tal y como fue concebida la institución en sus años fundacionales, con aquellos grandes personajes que la presidieron, a finales y comienzos del siglo XX, como Miguel Moya o José Francos Rodríguez. La función social de la APM se mantuvo, con sus peculiaridades, durante el franquismo. Más de un lector recordará las Hojas del Lunes, periódico que editaban las Asociaciones de la prensa de muchas ciudades de España, con el fin de obtener fondos con los que dar cobertura a prestaciones como el servicio médico y ayudas para situaciones de necesidad. Todo aquello ha desaparecido, como ya había desaparecido el patrimonio ético fundacional; después se perdió también el histórico edificio de la APM en la madrileña plaza de Callao. En buena medida, el que durante la transición y años posteriores la APM no jugase un papel importante en la regulación de la profesión y la defensa de los intereses de los periodistas, fue responsabilidad del grupo PRISA, hostil a la propia existencia de las asociaciones de la prensa, a las Hojas del Lunes y también a las facultades de periodismo, por ser defensor de una concepción "liberal", de mercado, y con su propio proyecto de formación de periodistas dóciles. No obstante, podría jugar el papel que juegan los colegios profesionales, pero, por una serie de avatares de nuestra reciente historia, muy prolijos para explicar en unas líneas, ni la APM, ni la mayoría de las asociaciones de la prensa, actúan en defensa de la libertad de expresión, ni en defensa de los periodistas cuando son perseguidos por el poder o por sus empresas. Nada se hace que inquiete a los grandes grupos mediáticos, en los que, en algunos casos, los miembros de la Junta directiva, ocupan cargos de responsabilidad.El último caso de estulticia y de ausencia de valores éticos de la APM como corporación, ha sido el "ninguneo" de la reciente noticia de la condena al Reino de España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el caso llevado a aquella instancia por el periodista español José Luis Gutiérrez, perseguido en su día en los tribunales de nuestro país por un reportaje publicado en Diario 16 en 1995, acerca de la implicación de la Casa Real marroquí en el narcotráfico. Ni una nota de felicitación ni un comunicado celebrando el éxito de la libertad de expresión ha emitido la APM. Por el contrario, organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos de todo tipo y los más relevantes diarios del mundo se han hecho eco de la histórica sentencia, con grandes elogios para la trayectoria profesional de ese noble leonés, conocido entre los amigos como "el Guti", hoy director de la revista literaria LEER. Dicho queda.

DE MEMORIA
ISABELO HERREROS
La nostalgia de la época de los cesantes
23/06/2010 .

Con ocasión de la bajada de salarios a los funcionarios, perpetrada por un gobierno que aún pretende sacar pecho de socialismo, se han vertido ríos de tinta y se han dicho, en tertulias y mentideros, todo tipo de barbaridades, sin que los afectados, muy mal representados, hayan podido hacer valer, al menos, su voz y razones. La explicación que se me ocurre es que los funcionarios, a pesar de constituir una masa social de casi tres millones de trabajadores, no están bien representados en los sindicatos, en cuyas cúpulas aún podemos ver a "liberados" que llevan más de treinta años alejados del mundo del trabajo, y cuyas empresas de origen, del sector metal o minero, hace varios lustros que desaparecieron. Sin ir más lejos, aún sigue en el máximo órgano de dirección de CCOO quien fuera líder regional de este sindicato allá por los años ochenta y noventa, José María Díaz-Ropero, operario en su día de Standar Eléctrica.Entre los lugares comunes que hemos podido escuchar sin apenas replica, -esgrimidos en algunas ocasiones por destacados dirigentes del PP, como es el caso del Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, don Miguel Ángel Beteta-, se encuentra el de que los funcionarios y empleados públicos tienen asegurado el puesto de trabajo, lo cual es una verdad a medias y que tiene matices. En algunas administraciones la precariedad en el empleo, léase interinos y sustitutos, llega a un tercio, y otro matiz, del que ahora no se quieren acordar ni el registrador perpetuo de Santa Pola, señor Rajoy, ni la señora De Cospedal, es que fue el gobierno de José María Aznar el que congeló los salarios en la Administración durante muchos años, con lo que aquella perdida de poder adquisitivo en la práctica se convirtió, gracias a las inflaciones, en una bajada de salarios, convirtiendo a la mayoría de los funcionarios en mileuristas. El tufillo de muchos comentarios pone en evidencia que se añora, por algunos sectores de la política y la opinión pública, la época aquella de los funcionarios cesantes, en los años de la Restauración, con los turnos de gobierno de Cánovas y Sagasta. Ni uno solo de esos comentaristas a los que les parece bien el ajuste, o los que piden incluso más, da lo mismo su pelaje político, rechistaron años atrás cuando veíamos como altos cargos de todo tipo de empresas, algunas recién privatizadas, se subían sus millonarios sueldos en porcentajes de un 20% anual.Hay que repetir, para políticos cazurros, que la estabilidad en el empleo de los servidores del Estado es una conquista democrática, por suponer, para el conjunto de la ciudadanía, una garantía, el que los funcionarios no estén supeditados a los vaivenes de la política, y que organismos, como la Tesorería General de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, actúen sin presiones e influencias del gobierno de turno. De otra parte, también hay que decir, para quienes tienen una idea negativa o antigua de los funcionarios, que empleados públicos son también los médicos, enfermeras y resto de personal de la Sanidad pública, los maestros, profesores y catedráticos de la Enseñanza pública, los bomberos, policías municipales, policías nacionales, guardias civiles, militares, y miles y miles de empleados de empresas de servicios públicos como el suministro de agua o protección civil. No voy a enumerar las partidas de los presupuestos generales del Estado que el gobierno de Rodríguez Zapatero podía reducido hacer sus "ajustes" pues ya se han repetido hasta la saciedad, pero sí recordar, puesto que está reciente la "bronca" del Corpus toledano y la marcha atrás del ejecutivo en la tramitación del proyecto de Ley de Libertad Religiosa, que la siempre insaciable Iglesia Católica recibe más de 7.000 millones de euros anuales de fondos públicos, algo escandaloso en tiempos de crisis; todo ello sin contar lo que nos va a costar, como en su día nos costó Gescartera, la avería de la católica Cajasur. Varios comentaristas, con los que coincido con algunas pequeñas diferencias, han apostado por reducir en estos tiempos las muy cuestionadas misiones de nuestro ejército en el exterior, si bien es cierto que muchos preferimos verles construyendo un hospital que desfilando y rindiendo armas a una hostia, por muy sagrada que sea.